(Por Eduardo Gargiulo).- Crónica del escándalo. El presidente del máximo tribunal de justicia, Carlos Cobo, dejó sin efecto la autorización especial concedida a una funcionaria del Poder Judicial para trabajar "a distancia" desde Alemania.

La noticia de Apuntes de San Luis cosechó un efecto inmediato. Dos días después de firmar la cuestionada Acordada 407, que autorizó a una Relatora de la Procuración General de la provincia, la Dra. Erika Costa, a “trabajar a distancia” desde la ciudad de Colonia, Alemania, durante al menos un año, este viernes el titular del STJ, Carlos Cobo, firmó una resolución dejando sin efecto la primera norma, en una clara admisión del error cometido.

No obstante en dicha resolución se aclara que es “ad referéndum de posterior Acuerdo”, dada la imposibilidad de reunirse los tres integrantes para expresar su consentimiento, en razón de que los acuerdos se celebran los días miércoles, y ante el inminente receso.

Lilia Novillo

La cuestión no es menor, dado que por la mañana la Dra. Lilia Novillo defendió firmemente la decisión tomada, informando que a ella se lo había planteado el Procurador General, Fernando Estrada, a partir de que la relatora planteó que debía acompañar a su esposo, porque había sido traslado a Alemania.

Al ser consultada por la violación de la Ley Orgánica de Justicia, la minimizó diciendo que “es del año de María Castaña, si yo la aplicara no sé quién quedaría…”, legitimando de este modo insólito el incumplimiento, a partir de su supuesta inaplicabilidad en la realidad. Luego destacó la importancia de la labor que cumple una relatora y aseguró confusamente que hay “otra ley” que permite esta autorización, a partir de la firma digital, cuando se relaciona con las nuevas tecnologías.

“No sé por qué se ha causado tanto revuelo? ¿A quién hace daño esto?: a nadie”, se preguntó y respondió, ratificando la legalidad de los términos de la polémica acordada.

Consultada por el trascendido que indicaba que el Superior Tribunal había dispuesto dar marcha atrás con la autorización, Novillo lo negó rotundamente: “No yo, no sé si han dado marcha atrás algunos de los otros integrantes, pero yo no. Yo cuando me equivoco no tengo ningún problema en dar marcha atrás, pero cuando yo no me equivoqué, sino que no se ha hecho daño a nadie y estamos persiguiendo otros fines, no me importa que hable mal de mí la prensa. Puede ser o no que aparezca otra acordada dejando sin efecto, pero no yo, será con mi disidencia”, enfatizó.

Colegios de Abogados

La difusión de la noticia por parte de Apuntes de San Luis provocó un escándalo de dimensiones, que disparó incluso la rápida reacción de los Colegios de Abogados de San Luis y de Villa Mercedes, que en tiempo récord se pusieron de acuerdo en los términos de un pronunciamiento conjunto.

“Los Colegios de Abogados y Procuradores de la Ciudad de San Luis y Villa Mercedes comunican su preocupación ante el dictado de la Acordada N° 407/2019 que procede a eximir del cumplimiento de los artículos 17 y 18 de la Ley Orgánica de la Administración de Justicia de la Provincia de San Luis a una funcionaria judicial, y consecuentemente a otorgarle el privilegio de no tener que residir en la provincia y no tener la obligación de concurrir a su despacho para cumplir con su función judicial. Siendo que la ley mencionada se aplica a jueces, funcionarios y empleados, la eximición de tales obligaciones legales crea un precedente que estos Colegio no pueden dejar de advertir como ilegítimo por ser contrario a la norma vigente, más aun cuando es el propio Superior Tribunal de Justicia quien debe velar por el cumplimiento de toda las leyes vigentes y la de su propia organización en particular”, señalaron este viernes en horas de la mañana.

Marcha atrás

Poco después de la repercusión del escándalo en la prensa y de conocerse el pronunciamiento de los hombres de derecho, desde la presidencia del STJ se difundió la Resolución N° 200, fechada este viernes doce de julio, que resuelve dejar sin efecto la Acordada 407, citando como argumento el mismo fundamento esgrimido por los colegios profesionales y que Lilia Novillo relativizó.

La discrepancia con Lilia Novillo evidencia un serio desacuerdo entre los ministros y permite sospechar que Cobo se aseguró el voto de Martha Corvalán antes de difundir su postura como presidente, para evitar que aumentara el escándalo y ocasionara un costo político mayor a la cúpula del Poder Judicial. En los pasillos de tribunales se sabe que el actual titular del alto cuerpo mantiene una mejor relación con aquella que con Novillo.

La resolución del presidente del Superior Tribunal indica textualmente:

VISTO: la autorización dispuesta por Acuerdo Nº 407/2019, a la Dra. Erika Paola Costa, a desempeñar sus funciones de Relatora de Procuración General, desde la ciudad de Colonia, Alemania, por el plazo máximo de un año, sin perjuicio de la subsistencia del régimen de incompatibilidad y de la observancia de las demás obligaciones que establece la Ley Orgánica de Administración de Justicia de la Provincia de San Luis para Funcionarios del Poder Judicial, quedando sólo dispensada de la residencia en la ciudad de San Luis y de la concurrencia a despacho, lo informado en su oportunidad por Secretaría Administrativa del Superior Tribunal y Dirección de Recursos Humanos, en relación a lo dispuesto en los arts. 17 y 18 de la Ley Orgánica de Administración de Justicia de la Provincia de San Luis, que establecen las obligaciones de residencia en la ciudad en que se ejerce funciones, dentro del territorio de la Provincia, y la concurrencia a despacho u oficina, todos los días hábiles, es que habiéndose efectuado un nuevo análisis de lo solicitado por el Sr. Procurador General de la Provincia, Dr. Fernando Oscar Estrada y por la Dra. Costa, Secretaria Relatora de la referida Procuración, se estima pertinente dejar sin efecto el mencionado Acuerdo.

Por ello, el Sr. Presidente del Superior Tribunal de Justicia, en uso de sus facultades y ad referéndum de posterior Acuerdo; RESUELVE: I) DEJAR SIN EFECTO el Acuerdo Nº 407/2019.

Consultada su evaluación del escándalo, el presidente del Colegio de Abogados de Villa Mercedes, Gustavo Otegui, indicó que “lo ocurrido tiene una marcada gravedad institucional” y que “más allá de lo que expresamos en el comunicado, en muchas oportunidades hemos advertido la irregular integración del STJ, que en lugar de cinco miembros tiene tres. Es muy difícil que la justicia funcione bien cuando la cabeza del Poder Judicial está así”, concluyó.

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