La solicitud de incremento la hicieron a través de una misiva elevada este lunes al Superior Tribunal de Justicia, fundada “en el constante aumento de la inflación y la consecuente pérdida de poder adquisitivo que vivencian los salarios de los empleados judiciales, lo que imposibilita un sustento familiar digno”.

El pedido de aumento del 40% lo reclaman desdoblado en dos pagos: 20% con los haberes de marzo y el restante 20% con los de julio, y que se contemple la posibilidad de aplicación de la correspondiente clausula gatillo, ante la devaluación constante existente.

El reclamo coincide con lo que manejan el resto de los gremios de empleados públicos, tanto docentes como salud y personal de seguridad, cuyos representantes barajan pedidos de entre 45 y 50 %, tomando el índice de inflación de los últimos 12 meses en la provincia.

El gobierno provincial por su parte aún no ha expresado cuál será la política salarial ni tampoco ha respondido los pedidos de paritarias que se le han hecho llegar, marco de negociaciones al que nunca ha querido acceder.

Algunos dirigentes gremiales sospechan que el gobernador esperará hasta el 1° de abril, fecha de la apertura de las sesiones ordinarias de la Legislatura, para dar a conocer un aumento escalonado para los siguientes ocho meses del 2021, lo cual agrandará el deterioro salarial y le permitirá mantener el virtual congelamiento salarial otros dos meses del corriente año.

(Apuntes de San Luis)