Desde asambleas socio ambientales, colectivos y organizaciones de la provincia de San Luis, “acompañamos a la ciudadanía mendocina y manifestamos, junto a ella, nuestro repudio a las modificaciones que diputados y senadores de Mendoza realizaron el pasado 20 de diciembre, a la Ley 7722 que desde junio del 2007 protegía la cordillera de los Andes y las fuentes hídricas de esa hermana provincia”.

“Entendemos que la sanción de este proyecto de modificación pactado entre el PJ y la UCR, para habilitar el uso de cianuro y otras sustancias contaminantes en proyectos megamineros, constituye un gravísimo e ilegal atropello a la Ley que el pueblo conquistó en las calles y defendió en innumerables ocasiones, así como a la ratificación de su constitucionalidad que la Corte Suprema efectuó el 16 de diciembre del 2015”.

“Concebimos que respetar la democracia significa, una vez terminada la época de elecciones, no abusarse de la condición de poder, reprimiendo la participación y expresión popular, deteniendo a ciudadanas y ciudadanos que se manifiestan pacíficamente, violando principios y derechos humanos fundamentales; para tomar decisiones que arrasan la voluntad del pueblo y exponen los territorios a daños irreparables en los bienes comunes que sustentan la vida de la presente y futuras generaciones, como el agua, el suelo, el aire”.

“Las experiencias de minería metalífera con uso de agua, explosivos y sustancias químicas, han demostrado en nuestro país y el mundo que no existen controles que puedan evitar los derrames tóxicos, la destrucción de los ecosistemas, la generación de cráteres y diques tóxicos gigantescos, en zonas sísmicas de alto riesgo, y el uso de la escasísima agua dulce que los pueblos cordilleranos necesitan para la sustentabilidad de su matriz productiva, gestada con muchísimo esfuerzo por ancestrales generaciones de esa tierra del sol, como son la agricultura, la vitivinicultura, el turismo, el montañismo, declarado recientemente por la UNESCO como Patrimonio Cultural Intangible de la Humanidad, incompatible con una naturaleza explotada, dinamitada y contaminada por la minería metalífera, el fracking y otras prácticas destructivas”.

“Rechazamos la lógica irracional que sostienen políticos y empresarios, que excluye los costos ambientales de sus cálculos económicos, a pesar de que la naturaleza, la ciencia y miles de personas en el mundo, han dado la alarma advirtiendo que hemos devastado la mayor parte de la biósfera, poniendo en riesgo la habitabilidad del planeta para las próximas generaciones. Políticos-empresarios que no entienden que cada micro - sistema que se daña afecta el clima y el ecosistema global de la tierra y que no existe progreso ni economía posible, sino hay agua y un ambiente sano para la Vida”.

“Las masivas manifestaciones de la ciudadanía mendocina y el apoyo que están teniendo en todo el país y el mundo, muestran que la mayoría de las sociedades ya saben lo que es necesario cuidar y que es hora de dejar de ser los territorios destinados al sacrificio y saqueo de las riquezas naturales, en función de un esquema global de consumo injusto y desigual, que nos está llevando a la extinción. Es por ello que solicitamos el veto urgente de las reformas realizadas a la Ley 7722 y la abstención de la violencia a los manifestantes por parte de las fuerzas de seguridad”.

“Asimismo reclamamos el respeto por parte de quienes sólo trabajan por sus intereses sectoriales, a las leyes que han sido conquistadas para el bien común”.