(Por Eduardo Gargiulo).- Es por la actuación que le cupo en el caso del abogado que violó la cuarentena y fue allanado en su casa del barrio Jardín del Sur.

Los hechos ocurrieron el 15 de abril pasado, cuando ante denuncias de vecinos por ruidos provenientes de una casa donde presuntamente se realizaba una reunión, un gran número de efectivos policiales concurrió para verificar la existencia del posible delito de violación al DNU/ 297 que dispuso el aislamiento social preventivo y obligatorio.

Para garantizar que se cumpliera con todas las garantías el procedimiento, por tratarse de la casa de un abogado, se hizo presente el titular del colegio profesional.

Tras el allanamiento, se corroboró que no se trataba de un estudio jurídico sino de un domicilio particular y, efectivamente, se constató la presencia de otras tres personas: un hombre y una mujer, mayores de edad, y una menor.

El abogado Raúl Edi Bernardis ofreció una entrevista a Radio FM Latina 103.9, durante la cual cuestionó la intervención que cumplió durante el allanamiento al domicilio del Dr. Fabio Gil, el presidente del Colegio de Abogados, Gustavo Otegui.

Asimismo, el ex Defensor del Pueblo Adjunto de la provincia indicó su desacuerdo con el comunicado que hizo público la institución, opinó que los integrantes que lo avalaron e integran el directorio deberían renunciar y se mostró pesimista sobre que se le vaya a aplicar al Dr. Gil algún tipo de sanción.

Tomó intervención el Juzgado Correccional de la Segunda Circunscripción, a cargo de la Dra. Antonela Panero Magnano, quien fue la magistrada que autorizó el allanamiento y citó el jueves 16 a los presuntos infractores, Dr. Fabio Ramón Gil y José Ramón González, el amigo que estaba presente en la vivienda. Ambos se abstuvieron de prestar declaración y quedaron en libertad. En el caso del primero, además del procesamiento por violar la cuarentena se agregó el de "resistencia a la autoridad".

En el caso de la joven mayor de edad, Nicolle Escalante, ésta aparentemente presentó un certificado médico y por ello se difirió su declaración para cuando su estado de salud así lo permita. Por último la menor de edad, A.M.P., deberá prestar declaración el próximo 27 de mayo, en compañía de su padre, madre o tutor, al tiempo que se dio intervención al Juzgado de Familia, Niñez y Adolescencia.

Pudo confirmarse por otra parte que el Fiscal de Estado, Eduardo Allende, se constituyó en particular damnificado en la causa, y reclamó la aplicación de un embargo a Gil por $500.000, por los gastos que demandó el procedimiento de su allanamiento. 

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