(Por Eduardo Gargiulo).- La segunda jornada de audiencias que tomó el juez del Crimen Nº 2 Leandro Estrada arrojó una intensa actividad, como resultado del testimonio de varios testigos que habrían complicado seriamente la situación procesal del senador provincial Ariel Rosendo.

El legislador viene siendo centro de una gran polémica desde comienzos de año, cuando fue excluido de la vivienda que compartía con su pareja Ivana Massimino, quien lo denunció por violencia de género, y por la disputa entablada por la tenencia de su hija, que finalmente le otorgó la justicia.

El 18 de mayo pasado se produjeron los hechos por los cuales se encuentra sospechado, cuando habría irrumpido en la vivienda que ocupaba, propiedad de SMATA y donde vive su mujer, en calle Italia, para llevarse muebles, electrodomésticos y supuestamente también prendas de Massimino.

Tras las denuncias de la conducción del gremio y su ex pareja, la fiscal Daniela Torres pidió su procesamiento e indagatoria por robo doblemente calificado por efracción o fractura y por ser en poblado y en banda, en perjuicio de SMATA e Ivana Beatriz Massimino, su ex pareja; desobediencia a una orden judicial (por romper la prohibición de acercamiento, que se conoce vulgarmente como perimetral) y violación de las medidas antiepidémicas en concurso real (Delitos contenidos en los Arts. 167 Inc. 2 y 3; 239; 205 y 55 del Código Penal de la Nación).

El juez Estrada accedió, disponiendo su “urgente detención”, para lo cual solicitó previamente el desafuero al Senado pero el cuerpo lo rechazó, con el argumento que era innesario, por no ser un obstáculo para que el legislador se presentara a declarar.

El honorable cuerpo, en cambio, aprobó una licencia por un mes  con goce de haberes, que se vence esta semana.

Tras fracasar en el intento de recusar al magistrado, rechazado por la Cámara de Apelaciones, el lunes finalmente Rosendo se presentó a la indagatoria con sus abogados defensores Valentín Rivadera y Gustavo Reviglio, pero se limitó a negar genéricamente los hechos que se le imputan y leer una declaración de dos carrillas, usando su derecho de no responder preguntas.

En la jornada de hoy el testimonio de tres testigos habría complicado la situación de Rosendo (PJ), quien está acusado de robo en poblado y en banda, violencia de género contra su ex pareja y violación del aislamiento social dispuesto por el coronavirus.

Uno de ellos es un fletero que reconoció haber sido contratado por el legislador para hacer «la mudanza» de la vivienda ubicada en Italia 426, pero que desistió del trabajo al advertir el modo violento en que se dispuso el ingreso al inmueble, según su relato ante el magistrado.

Frente a esto el legislador con sus acompañantes cargó en su camioneta Amarok gris las pertenencias, según confirmó un testigo.

Otros testimonios fueron de un cerrajero que corroboró que debió «reparar la cerradura de la vivienda» que había sido violentada y el de una policía que tomó las fotografías en el interior de la casa.

Por otra parte, el secretario general del gremio SMATA, Juan Piturra Márquez, citado a testimonial por la defensa de Rosendo, se presentó pero no pudo declarar porque el abogado de la otra parte estuvo ausente.

Tras concluir las audiencias, el magistrado con una delegación policial se dirigió en horas del mediodía a un domicilio de calle San Juan, donde se procedió al secuestro de una camioneta que pertenecería a un testigo que estuvo en el lugar de los hechos.

Esta semana continuarán las audiencias testimoniales para completar la prueba y tras el receso, se estima que en el mes de agosto se conocerá la sentencia.

Foto portada: Gentileza Héctor Portela