(Por Eduardo Gargiulo).- Ante el anuncio del gobierno provincial del envío de un proyecto de ley para poder emitir títulos con la deuda de Nación, el intendente capitalino le envió una nota al gobernador. Polémica en puerta.
Enrique Ponce apenas conoció el anuncio, instruyó al área legal del municipio para que elaborara una presentación, que concretó ayer en Terrazas del Portezuelo, adelantando al gobierno que el municipio reclamará –en caso que se transfiera la deuda- un porcentaje de lo que se obtenga, de acuerdo con lo que le corresponde en concepto de coparticipación.
La semana pasada la ministra de Hacienda Pública, Natalia Zabala Chacur, anunció que la iniciativa busca que la Provincia pueda disponer de los montos establecidos en los juicios que San Luis le ganó al Gobierno nacional por fondos coparticipables mal liquidados y evitar así que se desvalorice aún más por el aumento del dólar y la devaluación del peso.
“Debemos tener alguna estrategia, ante la poca voluntad de Nación de hacer frente al pago de estos juicios, para hacernos de dinero lo antes posible y evitar que se siga licuando la deuda”, explicó.
“Luego de esta corrida cambiaria que hemos vivido y que aún sigue de una manera voraz, el gobernador Alberto Rodríguez Saá decidió pedirle autorización a las cámaras de Senadores y Diputados, en el marco de los artículos 90 y 91 de la Constitución provincial”, expresó la funcionaria.
El primer artículo está referido a la autorización para disponer, ceder, vender, transferir por cualquier forma o negocio jurídico a título oneroso, los créditos resultantes de las sentencias dictadas por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en los dos juicios que la provincia tiene ganados al Gobierno nacional.
En ese mismo sentido, también pide autorización para disponer los derechos litigiosos de los juicios que mantiene la Provincia contra el Estado nacional que están sin sentencia firme, pero que en su mayoría tendrán resultado favorable a San Luis, ya que están atados a los fallos anteriores.
En cuanto a lo que estipula el artículo 91 de la Constitución puntana, se pide autorización a emitir y colocar títulos de deuda destinados a contribuir al desarrollo económico de la provincia, los que estarán garantizados con el monto de las dos sentencias de los juicios ganados, según explicó la ministra.
También pedirán autorización legislativa para contraer préstamos con entidades colocadoras hasta un importe máximo del 70 % del capital de las dos sentencias favorables a San Luis.
“Tenemos una corrida cambiaria que implica un dólar elevado y una moneda nacional devaluada. La deuda nuestra está en pesos y se actualiza por la tasa activa o pasiva del Banco Nación, que ronda en el 20 %, mientras que por las Lebacs están pagando arriba del 60 %”, detalló Zabala Chacur.
En este contexto, con una corrida cambiaria de esta magnitud, con un dólar que en el año pasó de poco más de $20, a más de $40, “la deuda se nos está licuando y por ello debemos tener alguna estrategia, ante la poca voluntad de Nación de hacer frente al pago de estos juicios, para hacernos de dinero lo antes posible y evitar que se siga licuando la deuda”, explicó la ministra.
Finalmente, la funcionaria insistió en que este proyecto de ley “es una herramienta que necesitamos, aunque la usaremos dependiendo del mercado y que resulte en un beneficio para San Luis; es una medida proteccionista y de ninguna manera las finanzas de la provincia se verán comprometidas”.
Ante esta decisión, ayer el intendente de San Luis Enrique Ponce dirigió una conceptuosa nota al primer mandatario, “solicitándole que se respete a la ciudad de San Luis ante la idea de vender o transferir los derechos litigiosos de los juicios que tiene la Provincia de San Luis con la Nación, ya que son recursos coparticipables que también le pertenecen a los vecinos de la ciudad.
Lo que el jefe comunal pretende es que la ciudad de San Luis reciba su cuotaparte de los dividendos, en caso que se venda la deuda, de acuerdo con lo que debería corresponderle en concepto de coparticipación municipal. Siguiendo este razonamiento, de igual manera estarían en condiciones de reclamar el resto de los municipios de la provincia.
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