(Por Eduardo Gargiulo).- Como si no fuera suficiente con llevar casi dos años detenido en el Servicio Penitenciario Provincial, tras ser procesado por distintas causas, Apuntes de San Luis pudo establecer que ahora el ex senador por el Departamento Pedernera, Ariel Rosendo, sufrió un embargo por más de 3,5 millones de pesos.

Se trata de una demanda que le interpuso el actual diputado provincial por el mismo departamento, Gustavo Morales, por una «deuda impaga», y que obtuvo resolución favorable en el Juzgado Civil, Comercial y Ambiental N° 2 de Villa Mercedes, el pasado 31 de agosto.

La notificación fue recibida la semana pasada en el domicilio denunciado por el ex legislador, en Italia 426, y lleva la firma del juez Jeremías Pablo Férez.

La resolución señala en forma textual: “De conformidad con lo peticionado, trábese embargo sobre el bien inmueble inscripto en la matrícula (….) si fuere de propiedad del ejecutado, Sr. Rosendo Ariel Omar, hasta cubrir pesos dos millones setecientos cincuenta mil ($2.750.000) en concepto de capital, con más la suma de pesos ochocientos veinticinco, que se presupuestan provisoriamente para responder a intereses, desvalorización monetaria y costas. Para su toma de razón, líbrese el correspondiente oficio haciéndose constar las personas autorizadas a intervenir en su diligenciamiento”.

ORIGEN DE LA DETENCIÓN

Los hechos por los que se investigó al ex titular de SMATA y ex senador provincial, sucedieron el 18 de mayo de 2020, durante el aislamiento social preventivo y obligatorio. El acusado habría ingresado de manera violenta al domicilio de su ex esposa rompiendo las puertas de ingreso a la morada y sustrayendo ilegítimamente una serie de bienes muebles que eran propiedad del organismo gremial SMATA.

El 8 de septiembre del 2020, el Dr. Leandro Estrada – entonces Juez de Instrucción Nº 2 de la Segunda Circunscripción Judicial – ordenó el procesamiento y encarcelamiento preventivo del sospechoso como presunto autor de los delitos de” robo doblemente calificado por efracción o fractura y por ser en poblado y en banda, desobediencia a una orden judicial y violación de las medidas anti epidémicas en concurso ideal”. Finalmente pudo ser detenido el 13 de octubre y trasladado al Servicio Penitenciario.

El pasado miércoles 31 de agosto se celebró una audiencia en el Tribunal de Impugnación, a los fines de resolver el pedido de revisión de medida de coerción formulado por la defensa del imputado, ejercida por los Dres. Marcos Juárez y Ramiro Rubio.

Luego de escuchar a las partes, el tribunal confirmó la medida de coerción dictada oportunamente por el Dr. Leandro Estrada: “La prisión preventiva debe prorrogarse por un plazo acotado de dos meses a partir del día de la fecha entendiendo que dicho plazo se ajustaría a la normativa vigente en nuestra provincia”, aclaró la resolución judicial.

El tribunal entendió que “existen evidencias sólidas para tener por acreditado el hecho investigado y mencionó (…) conforme los argumentos vertidos, este hecho se encuentra enmarcado en un contexto de violencia de género: económica y psicológica”.

En ese sentido, remarcó que el tribunal tiene “la obligación de resolver con perspectiva de género”.

Concluyó que “en la causa existen ciertos riesgos reales, en cuanto al peligro de fuga del imputado y de entorpecimiento de la investigación y también, destacó lo previsto en el artículo 205 del nuevo Código Procesal Penal de San Luis, que busca preservar la integridad de la víctima o de su familia”.

(Apuntes de San Luis)