La media sanción se logró con  mayoría de votos.

La Agencia tendrá la finalidad de coadyuvar en la ejecución de la política financiera provincial, en miras de generar instrumentos apropiados para el desarrollo económico y social de los habitantes de la provincia de San Luis. Se dispone asimismo que la misma sea continuadora de la Caja Social y Financiera de la Provincia de San Luis creada mediante Ley N° V-866-2013, en relación a sus derechos y obligaciones.

Regular los instrumentos que se consideran adecuados para generar la efectiva inclusión financiera de los ciudadanos de la provincia de San Luis, máxime considerando que la crisis económica recrudecida en el país producto de la pandemia del COVID-19, ha profundizado la problemática y ha determinado la urgencia en la implementación, por parte del Poder Ejecutivo Provincial, de medidas oportunas y suficientes que tiendan a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, tales como las que motivaron la sanción de las leyes de reactivación económica en San Luis.

Implementar medidas que tiendan a favorecer la inclusión financiera trasversal, equitativa que redunde en beneficio de la ciudadanía y que promueva el desarrollo sostenible. Que esas medidas tienden a simplificar los requisitos de acceso al crédito, con una perspectiva social, a fomentar la utilización de medios de pago electrónicos, a promover el ahorro en sus diversas modalidades, la educación financiera y la implementación de las nuevas tecnologías financieras, entre otras.

Tendrá a su cargo la administración y regulación del juego de azar en la provincia, ya sea que se explote de manera directa o indirecta por la misma.

Sanción unánime para la Ley del Régimen de Promoción de la Economía del Conocimiento

Tiene como objetivo principal la promoción de aquellas actividades económicas que apliquen el uso del conocimiento y la digitalización de la información apoyado en los avances de la ciencia y de la tecnología, a la obtención de bienes, prestación de servicios y/o mejoras de los procesos productivos, estableciendo para las empresas del sector, un marco impositivo especial.

 Establece reducciones e incentivos fiscales para empresas de software y de otras ramas de la industria como la electrónica, informática, producción audiovisual, industria satelital y biotecnología, nanotecnología y nanociencia, servicios profesionales, ingeniería para la industria nuclear, entre otras, otorgando beneficios para más de diez mil (10.000) empresas que emplean tecnología, con el objetivo de crear más de doscientos mil (200.000) empleos de calidad y generar quince mil millones de dólares (U$S 15.000.000.000,00) de exportaciones anuales.