(Por Eduardo Gargiulo).- Se trata del secretario del Juzgado Penal 2 de Villa Mercedes, Guillermo Esquerre Delaunay, a quien la policía le secuestró el auto en la madrugada del domingo, por no superar el control de alcoholemia, y al efectuar una requisa descubrió troqueles de LSD y un frasco que supuestamente contenía marihuana, elementos que se encuentran bajo peritaje.

Por conducir alcoholizado el Superior Tribunal de Justicia lo suspendió por 60 días, mientras se sustancia el sumario administrativo. La titular del cuerpo, Lilia Novillo, criticó su “inapropiada conducta” y afirmó que “no se puede predicar con la bragueta abierta”. Por el tema de los estupefacientes, la causa se giró a la órbita de la Justicia Federal.

A través de un mail dirigido a la redacción de El Diario de la República, el secretario judicial afirmó que la droga secuestrada no era de él, sino de Franco Raúl Pascua, su acompañante, y que el operativo fue «persecutorio» y «sin fundamento alguno».

Esta es su aclaración textual:

«Con relación a la noticia periodística de la medianoche del día sábado 13 del corriente, en oportunidad de volver a mi domicilio de comer un asado en el campo de un amigo, me encuentro con un operativo policial donde se me solicitan los papeles del auto y se me realiza el test de alcoholemia. Que habiendo arrojado el resultado de 0.50 y atento la nueva normativa de tolerancia cero al respecto me solicitan que estacione el vehículo y que descendiéramos todos los ocupantes. En esa oportunidad, inusualmente, nos requisan personalmente, no encontrando ninguna irregularidad en mí, pero al requisar el vehículo en un procedimiento por demás persecutorio y sin fundamento alguno, habida cuenta que la única falta que supuestamente se había cometido era la de la alcoholemia en 0.50, encuentran en poder del acompañante las sustancias secuestradas. Yo no sabía que el acompañante transportaba eso, no tengo ni el deber ni el derecho de requisar a todo aquel que se suba a mí vehículo; y de hecho ni siquiera había consumido ninguna sustancia ilegal, motivo por el cual procedí a suscribir únicamente el acta de requisa personal donde constaba que no tenía nada y no así el acta de requisa del auto por desconocer y negar la tenencia de los estupefacientes en cuestión. La contravención por el test de alcoholemia fue resuelta con el pago de una multa de $2.700 y el retiro inmediato del vehículo secuestrado el día lunes 14 por la mañana. Pero los medios se hicieron eco de la noticia endilgándome falazmente responsabilidades o tenencia de droga que niego y desconozco rotundamente, generándome serios inconvenientes —de público y notorio— en el ámbito institucional donde me desempeño», se manifestó el abogado.