(Por Eduardo Gargiulo).- Poco más de dos semanas después de estadía en el Servicio Penitenciario Provincial, el senador provincial Ariel Rosendo escribió una carta abierta en la que denunció por extorsión al juez que lo encarceló, Leandro Estrada, pero al mismo tiempo repartió una serie de acusaciones embarrando a su ex Ivana Massimino, a su abogada Leticia Latini, a la fiscal Daniela Torres y a la conducción de SMATA.

La intención de semejante ataque epistolar es “transparentar la verdadera razón por la que hoy me encuentro preso y privado de mi libertad”, afirma en la nota, fechada el 29 de octubre y escrita en computadora.

La obvia intención de la defensa sería victimizar al legislador y preparar el terreno ante la opinión pública para presentar una denuncia por “asociación ilícita” contra todos a quienes identifica en su contra. No casualmente en uno de los párrafos de la misiva se utiliza incluso el término “banda” (así, entre comillas) para relacionar a los antes citados.

La parte más dura la reserva para el juez del Crimen N° 2, Leandro Estrada, a quien acusa de haberle exigido 30 mil dólares a cambio de “recuperar su vida normal”; otros $8 millones a su ex pareja, Ivana Massimino y “tirarle unos mangos a su abogada, Leticia Latini que había trabajado mucho en las causas de familia” y con la que el magistrado –afirma- mantiene “relaciones húmedas”.

El polémico senador luego de quinisientas chicanas legales logró ser detenido el pasado 13 de octubre y se lo trasladó a la Penitenciaría, procesado por “robo doblemente calificado por efracción o fractura y por ser en poblado y en banda”, “desobediencia a una orden judicial” y “violación de las medidas antiepidémicas en concurso real”.

Como última medida antes de ser trasladado a su nuevo domicilio en San Luis, Rosendo recusó al juez Estrada por “temor de parcialidad e interés en la causa”, que la Cámara de Apelaciones en lo Penal, Correccional y Contravencional N° 1 hizo lugar. Por lo que la causa pasó a la jueza del Crimen N° 3, Mirtha Ucelay.

Resulta extraño que de haber existido el intento extorsivo el 30 de setiembre, como asegura, la defensa del legislador o él mismo no lo hayan denunciado en esa misma ocasión o cuando lo recusaron el 13 de octubre, en lugar de hacerlo un mes más tarde a través de una carta y no por medio de una denuncia concreta en los estrados judiciales.

En los pasillos tribunalicios interpretan que la decisión de “revolear la media” de este modo constituye una presión directa hacia la nueva jueza que entiende en la causa, Mirtha Ucelay, para que le apruebe la prisión domiciliaria.

VINDICACIÓN

Ante la denuncia por intento extorsivo que ha vertido el senador Rosendo, el juez del Crimen Leandro Estrada deberá proceder como lo marca la Constitución Provincial para estos casos, establecido bajo el título “Deber y derecho de vindicación”.

El Artículo 28 señala: “Todo funcionario público o empleado de la administración a quien se le imputan delitos cometidos en el desempeño de sus funciones está obligado a acusar para vindicarse, bajo pena de destitución, y goza del beneficio del proceso gratuito”.

Dada la gravedad de las acusaciones, no se descarta que también pueda promover una querella por calumnias e injurias.