(Apuntes de San Luis).- El pedido judicial para el retiro de inmunidad del legislador estaba incorporado en el sumario, pero el expediente se giró a la Comisión de Asuntos Constitucionales, para tratarlo la semana próxima, cuando se emita dictamen. La Cámara Alta que preside el vice gobernador Eduardo Mones Ruiz también fijó audiencia pública para tratar los pliegos de las abogadas propuestas para integrarse al Superior Tribunal de Justicia, que se realizará la primera semana de julio.

Toda la expectativa estaba centrada en el tratamiento que se preveía dar en la sesión de este martes a la solicitud del Juez del Crimen Nº 2, Leandro Estrada, quien reclamó el desafuero para poder indagar al senador Ariel Rosendo, del Departamento Pedernera, y ordenar su detención, por los delitos de “robo doblemente calificado a una casa propiedad del sindicato SMATA, incumplir una orden judicial de restricción de acercamiento a su ex pareja (Ivana Masimino) y violar las medidas de circulación para prevenir el coronavirus”.

Incluso alguno de los senadores “más distraídos” creyeron que así sería, hasta que alguien que se detuvo a leer detenidamente el texto de la Constitución Provincial encontró un artilugio para retrasar hasta el martes 23 la “pesada” votación.

El capítulo sobre “Inmunidades – Desafuero” que prevé la Carta Magna provincial está establecido en el Artículo 125, y señala: “Ningún miembro de las Cámaras puede ser arrestado desde el día de su elección hasta el de su cese, excepto en el supuesto de ser sorprendido en flagrante ejecución de un hecho ilícito doloso, que merezca pena privativa de la libertad. En este caso, el Juez que ordene la detención, da cuenta dentro de los tres días a las Cámaras con la información sumaria del hecho. La Cámara correspondiente al conocer el sumario puede allanar el fuero del arrestado por mayoría absoluta de sus miembros, debiendo considerarse allanado de hecho, si la Cámara no hubiere resuelto el caso dentro de los cinco días siguientes al que recibió el sumario. Para no hacer lugar al allanamiento, se requiere mayoría absoluta de votos presentes, en cuyo caso el detenido es puesto inmediatamente en libertad”.

Sin embargo, la llamada “ley de leyes” agrega que “Cuando se formule denuncia criminal ante la Justicia contra un diputado o senador, examinado el mérito de la misma en la sesión inmediata a aquélla en que se da cuenta del hecho, la Cámara correspondiente con los dos tercios de votos de la totalidad de sus integrantes puede suspender en sus funciones al denunciado y dejarlo a disposición del Juez competente para su juzgamiento”.

Es decir que los legisladores, a pesar de estar advertidos hace más de una semana de los hechos, interpretaron que el plazo corre a partir de que efectivamente la solicitud de la justicia se inscribe en el orden del día, por lo que técnicamente consideraron que el paso “legal” que correspondía era girar el expediente a la Comisión de Asuntos Constitucionales, para que lo analice en su seno, emita dictamen y el despacho sea incorporado en el sumario de la siguiente sesión, para ser votado por el cuerpo.

Según un conocedor de los vericuetos legislativos, “los senadores le dieron una semana más a su compañero (por Rosendo), pero ya le avisaron que no tienen margen y sí o sí el próximo martes tienen que votar su desafuero. Le sugirieron que renuncie, pero éste se niega, porque se considera inocente y dice que lo va a demostrar…”.

Mientras tanto, como se recordará, Ariel Rosendo permanece de licencia en el cargo y prepara su defensa.

Audiencia Pública

Además de aprobar como es de práctica algunos homenajes y reconocimientos, el Senado fijó fecha para la Audiencia Pública que debe celebrar cuando trate los pliegos de las abogadas Cecilia Chada (se desempeña en Fiscalía de Estado) y la fiscal de Cámara Carolina Monte Riso.

Hasta ahora no ha trascendido que se hayan presentado impugnaciones, por lo que el martes 7 de julio se prevé una sesión “tranquila”, con preguntas formales y de ocasión, como para cumplir el trámite constitucional y dar aprobación a estas dos nuevas integrantes del Superior Tribunal de Justicia, que quedará integrado por 5 miembros, las dos nombradas y los actuales: Martha Corvalán, Lilia Novillo (hasta el 31 de diciembre) y Carlos Cobo.