Ayer en el Auditorio Mauricio López, el titular del Observatorio Municipal de los Derechos Humanos de la Municipalidad de San Luis, Francisco “Pancho” Ledesma, entregó una distinción al Dr. Juan Antonio González Macías. La placa destaca su labor en la Justicia para esclarecer los delitos de lesa humanidad ocurridos en San Luis durante la última dictadura militar.

El reconocido juez del Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 1 de Mendoza, tuvo a su cargo en el retorno de la Democracia la causa del asesinato y desaparición de Graciela Fiochetti, joven estudiante y militante de la Juventud Peronista de La Toma. González Macías logró reunir testimonios de víctimas, familiares y de oscuros personajes de los grupos de tareas de la dictadura; su trabajo permitió recuperar y preservar los restos de Fiochetti para que la familia pudiera darle sepultura, y la causa avanzó hasta que en 1986 con la ley de Punto Final, y en 1987 la ley 23.521 de Obediencia Debida, frenaron la posibilidad de continuar con el esclarecimiento y condena de los delitos.

En soledad, Gonzalez Macías fue uno de los pocos jueces del país que tuvo el coraje de dictaminar la inconstitucionalidad de la ley de Obediencia Debida que justificaba los crímenes cometidos por subalternos de los altos mandos militares.

En 2003, con la anulación de esa ley y la de Punto Final que pretendían dar impunidad a los genocidas, las causas pudieron ir a juicio y Gonzalez Macías también se desempeñó como juez en la Megacausa de Mendoza y fue permanentemente recusado por los defensores de los acusados, lo que demostró el temor que genera en los genocidas su irrenunciable posición por el esclarecimiento de los delitos en las causas que debió participar.

El Observatorio Municipal de los Derechos Humanos destacó este jueves, en el marco de la presentación del libro Primavera Rota del periodista Oscar Flores, la labor de González Macías en pos de buscar Justicia para los jóvenes secuestrados, torturados y desaparecidos en nuestra provincia que no tuvieron ninguna de la garantías del debido proceso del que gozaron los genocidas sometidos a los juicios.