(Por Eduardo Gargiulo).- En las últimas horas se confirmó un nuevo escollo para que el juez Leandro Estrada pueda avanzar en la causa que involucra al suspendido senador provincial Ariel Rosendo, quien permanece “autointernado” en la clínica Aconcagua desde la semana pasada, el mismo día miércoles que una delegación policial se dirigió a su domicilio para detenerlo y enviarlo a prisión.

El legislador está imputado por los delitos de “robo doblemente calificado por efracción o fractura y por ser en poblado y en banda, desobediencia a una orden judicial y violación de las medidas antiepidémicas en concurso real”, en perjuicio de su ex pareja, Ivanna Massimino, y del Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor (SMATA), dueño de la vivienda.

Ante el pedido de prisión domiciliaria elevada por Rosendo, fundada en el hecho de que se encuentra en custodia de su hija de 12 años, el juez del Crimen N° 2 Leandro Estrada, había solicitado a la jueza de Violencia, Lorena Báez, que tomara medidas en relación con la menor, para poder ejecutar la medida de coerción personal. Pero la magistrada se declaró incompetente en la causa y corrió las actuaciones a Rodolfo Rossi, titular del Juzgado de Familia N° 2. Este dispuso que la menor quede bajo custodia del ex diputado provincial Walter Oio.

Posteriormente el magistrado ordenó en dos oportunidades sendas pericias médicas al legislador, por parte de la doctora Sandra Miatello, la que a su criterio constató que Rosendo se encuentra en buen estado de salud y no es necesario que permanezca internado, porque se encuentra bien clínicamente. Posteriormente hubo también una pericia psiquiátrica, cuyo informe habría incluso aseverado que el legislador estaba “simulando” un estado que no es tal.

Sin embargo, posteriormente se habría agregado a la causa otro informe, esta vez firmado por el propietario de la clínica, el empresario Rodolfo Negri (no por el médico tratante), dando cuenta que el polémico legislador sufre “ataques de pánico y ansiedad” por el estado de estrés que padece.

Así las cosas, en las últimas horas surgieron dos novedades: la primera es que Rosendo sumó a su defensa al abogado Gonzalo Estrada, quien a través de las redes viene criticando duramente al juez del mismo apellido, al que calificó de arbitrario y de comportarse como un “sheriff”; la segunda es que el magistrado accedió al pedido de una Junta Médica, que tendrá lugar este miércoles, pero se desconoce quiénes y cuantos profesionales intervendrán.

La clara estrategia de la defensa es colocar a Rosendo bajo el estatus de “paciente psiquiátrico”, lo cual obliga al magistrado a demostrar lo contrario, algo que no es fácil de conseguir. Pero al mismo tiempo, enfocar todos los cañones hacia el magistrado, para tratar de forzar su apartamiento de la causa.

Antes tantas idas y vueltas, es más que evidente que el legislador junto con su defensa harán todo lo que esté a su alcance para extender el alojamiento hospitalario el tiempo que sea necesario, para eludir el domicilio penitenciario que dispuso la justicia, transformando esta causa en un culebrón de final impredecible.