Una situación incierta y caótica se vive por estas horas en el territorio macrista puntano. Mientras dos dirigentes enfrentados se autoadjudican la corona presidencial del PRO, la Justicia Federal le quitó validez a un reciente proceso electoral y llamó a normalizar la situación. Este embrollo jurídico podría dejarlo afuera de la competencia electoral de este año.

(Por Eduardo Gargiulo).- Los conflictos internos que se arrastran desde por lo menos el año pasado en el partido del presidente Mauricio Macri, determinaron que este lunes la cúpula nacional del partido pueda disponer la intervención del PRO Distrito San Luis.

Según se supo, la solicitud provino de quien aparece como su actual presidenta, Gabriela González Riollo, enfrentada a muerte con el diputado provincial Bartolomé Abdala,

El interventor designado por las autoridades nacionales es el dirigente porteño Esteban Garrido, aseguró una fuente confiable a Apuntes de San Luis.

Las disidencias entre la conducción actual del liberalismo vernáculo y el “bartolismo”, por llamarlo de algún modo, hicieron eclosión este año, donde el PRO debía celebrar elecciones de autoridades partidarias que, si bien llegaron a convocarse, luego por las restricciones impuestas por la pandemia los términos se fueron aplazando.

En ese marco, la semana pasada Bartolo Abdala, un dirigente cuestionado por votar en reiteradas oportunidades en favor del oficialismo provincial a pesar de pertenecer a la oposición, brindó distintas entrevistas a los medios en los que se autoproclamó presidente del partido, provocando la ira de Riollo y del otro referente de peso, Charly Pereyra.

Sin embargo, desde el PRO se negó veracidad a las palabras de Abdala y se dio a conocer un dictamen del fiscal de la Secretaría Electoral, en el que Cristian Rachid resuelve “No convalidar” lo actuado unilateralmente por la Junta Electoral” del partido manejada por el dirigente.

En los fundamentos, el fiscal sostiene que la Junta Electoral del partido no tiene entre sus competencias desconocer o modificar oficiosa y unilateralmente el cronograma electoral previamente fijado por el Concejo Directivo y aprobado por la Asamblea.

De este modo echó por tierra la maniobra del dirigente, quien había presentado ante la Secretaría Electoral una lista encabezada con su nombre como candidato a presidente del PRO, sin respaldo legal, proclamándola como “lista única”, con aval de una Junta Electoral que no tenía validez.

En el mismo escrito, Rachid resuelve “Intimar y emplazar –bajo apercibimiento de ley- a la agrupación de autos a la “oportuna y regular convocatoria a elecciones partidarias, fijación del cronograma electoral, publicación y desarrollo del acto electoral interno pendiente, en un todo conforme a las exigencias y competencias previstas por la Carta Orgánica”.

La intervención dispuesta era el “remedio” más ágil para resolver el conflicto, según la interpretación del PRO nacional, dado que el cronograma electoral establece que en poco más de 15 días se deben inscribir las alianzas o frentes electorales, por lo que dilatar una resolución del conflicto ponía en riesgo la propia participación electoral de este partido.

Se estima que será la cúpula nacional del partido la que estará autorizada para suscribir la inscripción del PRO en el frente opositor, puesto que existen intereses directos en la cosecha electoral: González Riollo sucedería a Poggi en el Senado de la Nación, si como se estima el ex gobernador compite por una candidatura a diputado nacional en las próximas legislativas.

(Apuntes de San  Luis)