El oficialismo habilitó la sesión y avaló la ley presentada por la oposición. Calculan un costo fiscal de 10 mil millones. El Senado apura la sanción.

(LPO).- La Cámara de Diputados aprobó la ley de emergencia alimentaria exigida por las organizaciones sociales para aumentar el 50 por ciento la ayuda a políticas de alimentación y nutrición, con un costo fiscal estimado de 10 mil millones de pesos que el Gobierno promete cubrir con recortes a la obra pública. 

El proyecto fue presentado por la oposición el lunes y aprobado por todas las fuerzas políticas, incluida Cambiemos, que ayer decidió avalarlo para contener la protesta social y evitar otro choque con la oposición en plena campaña electoral. El Senado lo sancionaría el próximo miércoles, si el presidente provisional Federico Pinedo y el jefe del PJ Carlos Caserio pueden garantizar el quórum. Ya empezaron a hablar. 

La sesión duró menos de 3 horas, con 5 minutos por cada orador, un acuerdo de oficialismo y kirchnerismo para no subir el clima de protesta social que empezó con acampes la semana pasada y este miércoles, con presencia de organizaciones duras como el Polo Obrero y Barrios de Pie.

También hubo una concentración frente al Congreso durante la sesión, protagonizada por el Evita y la Ctep de Juan Grabois, o sea, los afines a los Fernández.

"En pocos meses vamos a estar del otro lado", interpretó un diputado peronista y activo en la campaña de Alberto Fernández, que anoche pidió levantar los cortes de calle y fue repudiado por los piqueteros de izquierda que permanecieron frente al Ministerio de Desarrollo social. 

En el Gobierno aseguran que la ley obliga a un refuerzo de 10 mil millones que pueden tomar de otras partidas. El próximo presidente deberá actualizarlos trimestralmente.  

La diputada de izquierda socialista Mónica Schloutthauer fue la única abstención en la sesión. El proyecto se aprobó con 222 votos y sólo hubo una modificación en el artículo 4, para aclarar que se tomaba como base para fijar los aumentos el crédito viente para las políticas públicas de alimentación y nutrición, o sea, la ejecución de las partidas asignadas hasta la fecha y los refuerzos realizados por la inflación.

Según un informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) ese cálculo da 20.947 millones de pesos. La ley obliga al Gobierno a aportar la mitad de esa cifra para el plan nacional de protección social, políticas alimentarias (comedores y merenderos) y el programa Pro Bienestar, que está a cargo del Pami. 

En Cambiemos aseguran que la ley no será más que una nueva resignación presupuestaria y en tal caso el problema lo tendrá el próximo Gobierno, porque sólo impide cubrir los aumentos con fondos destinadas a otros servicios sociales y obliga a quien sea jefe de Gabinete en enero de 2020 a indexar trimestralmente estas partidas, según la variación más alta entre el Indice de precios al consumidor (IPC) o la canasta básica del Indec. Lo fundamental con una prórroga hasta 2022 de la emergencia social decretada por Eduardo Duhalde en 2002 y aún vigente.

La ejecución y las transferencias de fondos a las provincias (motivo de queja de los gobernadores) serán auditadas por la Sindicatura General de la Nación (Sigen), una gestión de la diputada massista Carla Pitiot. "El 51,7% de las niñas, niños y adolescentes son pobres, el nivel más alto en una década. La Sigen permitirá tener información homogénea, sistemática y sostenible en el tiempo acerca de los modos de uso de los fondos públicos en una problemática crítica" explicó. 

La ronda de oradores fugaces la abrió Daniel Arroyo, diputado de Red por Argentina, un bloque de fugados del massismo y asociado con el Movimiento Evita, uno de las organizaciones sociales que más presionó por ley y obligó al kirchnerismo a abrir el recinto. "En los últimos 20 días se ha complicado más por el aumento de los alimentos y porque se ha parado gran parte de la actividad económica", denunció. 

Alberto y Cristina preferían seguir con la campaña silenciosa, tal es así que no hubo peronistas a su cargo que dialogaran con los medios al salir. Todos le escaparon a las cámaras, el único en hablar en el recinto fue Carlos Castagnetto y Axel Kicillof apareció de a ratos, se alejó de los micrófonos y se fue antes de votar para seguir de campaña en la provincia de Buenos Aires. El debate no tuvo cruces directos y sólo algunas chicanas entre las fuerzas políticas.

"Es necesario pensar cómo salimos de esta situación. La emergencia social se aplicó cuando la economía no crecía, pero también cuando crecía a tasas chinas y con soja a 300 dólares", desafió Héctor "Toty" Flores, de la Coalición Cívica. 

"El senador (Miguel) Pichetto tiene razón: esto no es Biafra, esto es la Argentina de Mauricio Macri y de Cambiemos. El hambre es un problema moral y tenemos que empezar a producir políticas que nos permitan resolver esto de fondo", replicó Leonadro Grosso, del Movimiento Evita.

Los cierres fueron suaves, con discursos amigables de Agustín Rossi (FpV-PJ) y el radical Mario Negri. "Los problemas sociales se resuelven con políticas económicas" y "lo que estamos haciendo acá son paliativos". "Los problemas sociales se resuelven cuando Argentina retome un rumbo de crecimiento", afirmó el kirchnerista pero luego agradeció a Cambiemos aprobar la ley. 

"Desde el Gobierno, aún con errores y con aciertos hemos atendido a la política social, quizás no todo lo que hace falta, porque además esto va muy al compás de los sinsabores que la economía va produciendo. Desde 2002 hasta acá, con momentos buenos y con momentos malos, la pobreza fue creciendo", le siguió Negri y le pegó a los gobernadores e intendentes por guardar sus fondos en los bancos. 

"Si tenés 10.000 millones de pesos en plazos fijos se puede poner un poco en un municipio para ayudar en lo que se le está reclamando a la Nación. No se puede mirar para el costado", los acusó, sin levantar la voz. Habría hablado de La Matanza, gobernada por la candidata a vice de Kicillof, Verónica Magario. Nadie le contestó.