(Por Eduardo Gargiulo).- El Colegio de Abogados alertó sobre la “crisis” del Poder Judicial, asegurando que atraviesa un contexto de serias falencias y que pese a los innumerables reclamos “no se trabaja” en las soluciones. 

El documento fue presentado ante el Superior Tribunal de Justicia, el Poder Legislativo y el Ministerio de Gobierno, Justicia y Culto y se enfoca fundamentalmente la morosidad que atraviesan los procedimientos. 

“Desesperanza, desasosiego o ruina”, califican los hombres de derecho, al definir el estado en que se encuentra la administración de justicia en San Luis, a través de un durísimo informe que abarca seis carillas, y que lleva la firma de su presidente, Ricardo Valentino; la vicepresidente, Flavia Molina Arlandi; el secretario General, Maximiliano Agúndez; prosecretario, Juan Vagaria; y los vocales Carlos Williams y Fernanda del Moral. 

El Colegio de Abogados de San Luis repasa una serie de falencias que contribuyen a la falta de una Justicia “celera, rápida y expedita”, advirtiendo la necesidad de que se atiendan los problemas. 

“Los justiciables se ven obligados a hacer justicia por mano propia antes de preferir acudir a un sistema judicial y esperar durante años una respuesta para sus conflictos”, afirma al comienzo el informe, resaltando que el mal funcionamiento judicial genera “desánimo en la comunidad judicial, en los profesionales y en la sociedad”. 

También critica la falta de personal y de juzgados para atender los distintos fueros, mientras que reafirma que la digitalización del sistema y la oralidad civil no colaboraron en la celeridad de la tramitación de las causas. 

Por un lado, respecto al fuero penal, observan que los profesionales tienen posiciones opuestas y subjetivas en cuanto al desempeño de los jueces, pero aun así aseguraron que “la sociedad exige cada vez más respuestas” de los mismos y a su vez los profesionales pretenden “mayor capacitación en la materia”. 

“La transferencia de personal de otros fueros al fuero penal a nuestro entender equivale a destinar recursos humanos en ausencia de previa capacitación para ello, y así algunos profesionales advierten que aparecen en expedientes penales la incorporación de pruebas que no han sido solicitadas ni por el fiscal ni por el juez”, enfatizan. 

Señalan que es “innegable” que los cuatro juzgados no pueden responder a los conflictos que se les presentan, incluso certificaron que el solo ingreso de un concurso preventivo de acreedores logra “paralizar todo un juzgado”. 

Aquí la mayor crítica se focaliza en los plazos, que según la percepción del Colegio de Abogados “se desvirtúan para cualquier actuación”. En este sentido, manifiestan que el juzgado Civil Nº 2 merece una atención especial, ya que hay moras de “más de una década”. “Han fallecido actores o demandados a la espera del dictado de sus sentencias”, apuntan los abogados puntanos. 

También describen que tanto el sistema digital como el sistema de oralidad no han contribuido a la celeridad de las causas. En este sentido manifestaron que mientras un juez toma audiencias no se encuentra resolviendo causas; y mientras las resuelve “fija calendario de audiencias para cuando humanamente puede tomarlas”. 

“No importa el sistema de litigación por el que se opte, puesto que de antaño se sigue manifestando que lo que faltan son juzgados y jueces”, especificaron. 

Otra de las controversias refiere a los errores de procedimiento (que se han visto incrementados con el agravante de que se debe abonar la tasa judicial de $625) y la disparidad de criterios en primera y segunda instancia. 

“Lastimosamente no se atendieron proyectos de plenarios de cámara que permitan solucionar este tipo de conflictos, lo que se traduce en tener que recurrir al Superior Tribunal abonando sumas superiores a los $20 mil para tratar de casar (recurso de casación) sentencias inferiores contradictorias”, especificaron. 

Además, apuntan contra los juzgados de familia, menores y violencia, donde manifestaron marcar sus deficiencias “hasta el hartazgo”. 

“En la actualidad se cuenta con un nuevo juez en materia de violencia a quien se le ha asignado una oficina dependiente del juzgado de Familia 1 que no debe superar los 6 metros cuadrados (…)”, cuestionaron. 

Al finalizar el documento instan a la comprensión de la “impostergable necesidad” de crear más juzgados en los fueros civiles, comerciales, laborales y de familia. 

También insistieron en equipar con personal idóneo e infraestructura, adecuar las normas vigentes y sumaron la necesidad de designar profesionales en los cuerpos auxiliares del Poder Judicial. 

“Entiendan los responsables que, si no son parte de la solución, son parte del problema y la mora es inexcusable. Entiendan que el acceso a la justicia y a la justicia rápida y expedita es un derecho humano; sabiendo que la justicia lenta no es justicia”, concluyen. 

apuntesdesanluis.com