(Por Eduardo Gargiulo).- Desde las 9:15 horas de ayer, en la Sala de Acuerdos del Palacio de Justicia, inició el Jury de enjuiciamiento a la Dra. Verónica Lafuente, quien llega suspendida al debate oral.

La magistrada enfrenta una serie de acusaciones formuladas por el Procurador General de la Provincia, Dr. Fernando Estrada.

Comenzó este lunes la primera jornada del juicio que se lleva adelante contra la Dra. Silvina Verónica Lafuente, titular del Juzgado de Familia y Menores Nº 2 de Villa Mercedes. El debate inició a las 9:15 horas en la Sala de Acuerdos del Palacio de Justicia y se extenderá hasta las 18:00 horas.

La magistrada de la Segunda Circunscripción enfrenta una serie de acusaciones formuladas por el Procurador General de la Provincia, Dr. Fernando Estrada en autos caratulados “SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA REMITE ACTUACIONES: JUZGADO DE FAMILIA Y MENORES Nº 2 DE LA 2º C.J. EXPTE. ADMINISTRATIVO 430/15”. EXPTE Nº 3-S-17. JUR. 10/18.

Esas faltas son: “abuso de autoridad, desconocimiento del derecho, retardo de justicia, ineptitud o negligencia en el ejercicio de sus funciones, incumplimiento de los deberes inherentes a su cargo, morosidad en el ejercicio de sus funciones; excusaciones insuficientemente fundadas o manifiestamente improcedentes; graves irregularidades que hayan motivado el desprestigio del Poder Judicial; comisión de actos o hechos inmorales o indecorosos susceptibles de producir el desconcepto público”.

Por este motivo, Lafuente enfrenta el juicio suspendida en sus funciones y con derecho a percibir el cincuenta por ciento de su remuneración. El Procurador General, a su vez, solicitó en su acusación que se la declare culpable por las causales de remoción citadas a la magistrada y se la remueva del cargo que ejerce, y se la inhabilite por el término de diez años para el ejercicio de cargos públicos.

Lafuente, por su parte, en la contestación de la demanda y formulación de la defensa de 107 fojas leídas luego de la lectura de la acusación del Procurador, solicitó al jurado que las acusaciones formuladas sean rechazadas “en todos y cada uno de sus términos en mérito a las razones de hecho y de derecho”.

El Jurado de Enjuiciamiento encargado de juzgar la conducta de la acusada está integrado por su Presidente Dra. Martha Raquel Corvalán, y los respectivos miembros: Dra. Mariel ElisabetLinardi Dr. Sergio De Battista Dr. Jorge Marcelo Shortrede, Dr. Rafael Sánchez, Dra. Carla MondelliCurchod, Dip. Mirtha Beatriz Ochoa, Dip. Raúl Alfredo Casas, Dip. Ricardo Javier Giménez y la Dip. Rosa Calderón.

Las otras partes del juicio son: la Secretaría Administrativa Dra. Paola Giannini, las Relatoras Dra. Alejandra Lucero y Dra. Sandra Ehrilch. La Dra. Lafuente es defendida por la Defensora Oficial Dra. Nadia Agúndez. (Periódico Judicial)

Defensa mediática

La polémica magistrada respondió un supuesto cuestionario escrito que le hizo llegar un medio digital de noticias que propala la postura de Cambiemos, en el que afirmó que este segundo juicio político en su contra constituye “una clara persecución y hostigamiento atroz, severo. La pretendida remoción del cargo que ejerzo, no tiene vinculación alguna con las faltas atribuidas, sino con la torpe y arbitraria intención de separar del ejercicio de sus funciones a los jueces, cuyas sentencias, aptitud íntegra, desempeño jurisdiccional honesto e independiente, “incomodan” a los intereses gobernantes del Poder Judicial de la Provincia de San Luis y que se pergeñan desde lo más perverso, y enrostrado como causante de mal desempeño”.

Agregó asimismo que (el juicio político) tiene como “objetivo sacarse de encima a jueces independientes” que “molestan”, con una línea de pensamiento uniforme, coherente, aptitud íntegra, desempeño honesto, que no se ha visto alterada o condicionada por intereses políticos de turno, ni de ninguna especie, puesto que los he sustentado en las debidas resoluciones, explicándolos públicamente de cara a la sociedad. Siempre he dado cuenta de mis actuaciones ante la opinión pública y procedo del mismo modo ante el Jurado de Enjuiciamiento para evidenciar que la pretendida remoción del cargo que ejerzo no tiene vinculación alguna con las faltas atribuidas, sino con la torpe y totalitaria intencionalidad”.

Sus dichos seguramente serán rechazados por el oficialismo y tomados por cierto por sectores de la oposición. Lamentablemente lo dice una jueza que ya fue “salvada” en el anterior juicio político, diez años después de comenzar su trayectoria judicial. Antes, cuando los vientos corrían a favor, no existían las presiones ni los cuestionamientos hacia la escasa independencia del Poder Judicial… O al menos no le molestaban tanto como ahora, que se acuerda de denunciarlo.

Esta entrevista pactada suena más a manotazo de ahogado que a una postura ética y convincente de un juez que verdaderamente honra el cargo.

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