Así calificó la medida la defensa del joven Padilla, atropellado el 6 de noviembre en proximidades de Merlo, cuando caminaba al costado de la ruta 1, por una pareja que se conducía en una camioneta.

Los abogados defensores de la familia de Matías Padilla, María de los Ángeles Tapia y Tobías González, ofrecieron una conferencia de prensa tras la liberación del conductor Martín Julián Rial, de 44 años, que atropelló y mató a Cristian Padilla, dispuesta por el juez Jorge Pinto el sábado por la noche.

Los letrados cuestionaron en duros términos la decisión del magistrado, a su juicio “sin fundamentos”, sugestivamente “casi en la madrugada del sábado y sobre un pedido que no queda claro del abogado defensor, porque no pide nada. El juez sobre ese pedido donde no queda nada claro, no solamente dictamina la liberación, sino que cambia la carátula, así como si nada”, explicó la abogada.

González, señaló que la defensa supone que la decisión de Pinto se da por la declaración de un médico del SEMPRO, el cual relató que al momento de asistir a los heridos no pudo “apreciar ningún signo clínico de embriaguez ni de aliento etílico”, luego de explicar que estuvo a “uno o dos metros” y utilizando tapabocas.

Tras lo cual sostuvo que ni el pedido de liberación ni el decreto que la ordena, explican su fundamento y que el testimonio del médico no es prueba suficiente, porque otros testigos que sí asistieron al conductor y su acompañante y que estuvieron cerca, comprobaron su estado de ebriedad.

Rial estaba procesado por “Homicidio culposo agravado por la conducción bajo los efectos del alcohol” y ahora sólo por “homicidio culposo”, que tiene una pena sensiblemente menor en caso de ser hallado culpable.

Como se viene repitiendo desde que ocurrió el fatal accidente, los abogados criticaron que la pareja abandonó el lugar del hecho, que la policía no se les hizo a los infractores el control de alcoholemia y “ni siquiera un control de sangre 6 horas después, cuando se presentaron a la comisaría”.

“Aquí pareciera ser que los únicos que pueden reclamar justicia son los que tienen poder económico o político”, fustigaron, al tiempo que adelantaron que apelarán la medida de judicial.