(Por Eduardo Gargiulo).- De concretarse hoy será el primer paso para que se comience a dar una solución de fondo a la dramática situación que padecen cerca de 3 mil familias. El proyecto de expropiación sería aprobado por unanimidad.

De este modo se empezará a dar una respuesta a miles de familias sanluiseñas y provenientes de otras provincias que viven irregularmente desde hace más de un década en terrenos usurpados en la zona oeste de la ciudad de San Luis.

El asentamiento se conformó a partir de la usurpación de cientos de familias sin recursos, muchas de ellas provenientes de otras provincias, en terrenos usurpados en la zona oeste de la ciudad capital. Está emplazado a seis kilómetros del centro de la ciudad de San Luis y se estima que allí habitan en condiciones de máxima precariedad más de 11 mil personas, más de la mitad niños, aunque no existe un censo oficial que arroje precisión.

Después de varios años de discusiones, y la movilización de los propios vecinos, se logró que en el Ejecutivo Municipal y en el Concejo Deliberante se coloque en agenda el tema y se avance en la expropiación. Los concejales que integran las comisiones de Legislación e Interpretación y de Hacienda y Presupuesto acordaron un dictamen del proyecto que estuvo cajoneado durante más de un año en el cuerpo.

En un principio la intendencia solicitó que se declare de “utilidad pública y sujeto a expropiación” 350 hectáreas para regularizar la situación de las tierras que son ocupadas en forma irregular.

Este año el municipio planteó que 78 hectáreas sean destinadas al asentamiento conocido como barrio República. De ese total, 27 pertenecen a la empresa Ethos, mientras que 51 al abogado Carlos Acevedo. En su momento los dueños recurrieron a la Justicia para pedir el desalojo.

El concejal Federico Cacace (San Luis Somos Todos) consideró que esa superficie “es la necesaria para urbanizar y dejar límites uniformes para no perjudicar a los propietarios”.

El “Piri” adelantó su voto positivo

Por su parte el concejal Luis “Piri” Macagno, quien recorrió el barrio y trabajó en la iniciativa, adelantó su voto positivo a través de un posteo en su facebook.

El proyecto estipula en uno de sus artículos, que previo a la urbanización, la municipalidad deberá “transferir los lotes a las familias quienes deberán pagar una cuota social”.

“No serán entregados sin ningún costo. Tendrán que pagar un valor social por las prestaciones”, explicó Guillermo Araujo (Avanzar y Cambiemos), que integra junto a Cacace la comisión de Hacienda y Presupuesto. El legislador puntualizó además que para no dar lugar a  la especulación inmobiliaria, los lotes no se podrán vender durante un período de 25 años.

Desde la comisión de Legislación e Interpretación, Javier Suárez (Avanzar y Cambiemos) consideró que la comuna está “reconociendo que debe atender la necesidad habitacional”.

“Con la última respuesta del Ejecutivo de afectar únicamente la zona que se encuentra usurpada, queda resuelto un problema que tuvo muchas idas y vueltas”,  indicó Suárez.

Todo indica que este jueves habrá unanimidad a la hora de votar esta iniciativa que abre una esperanza para miles de personas que viven en penosas condiciones, con conexiones precarias de agua, cloacas, luz o directamente sin servicios, ni baños; con techos y paredes de lona, maderas, cartones o plástico, solo unos pocos de bloks, caminando en medio de la tierra o el barro, con serios riesgos de sufrir todo tipo de enfermedades e infecciones.

La política tiene hoy la oportunidad de comenzar a saldar una vieja deuda que nos avergüenza a todos.

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