(Por Eduardo Gargiulo).- Al cumplirse un mes, y en medio de un gran hermetismo, avanza la causa abierta a partir de la denuncia de abusos contra una menor de 6 años que concurría a clases de básquet en instalaciones de Sociedad Italiana, cometidas supuestamente por quien se desempeñaba como entrenador, V.H.F.

El 9 de marzo se conoció la denuncia que efectuaron los padres de la nena, indicando que los hechos tuvieron lugar dentro del club, y que fueron revelados por la menor, en un primer momento, a su madre, al justificar por qué no deseaba seguir concurriendo al club.

Posteriormente fue la hermana adolescente de la niña quien obtuvo la confirmación y más detalles de lo ocurrido.

Por su parte el entrenador abandonó el club y también los lugares que solía frecuentar, aunque nunca abandonó la ciudad, como trascendió, ni tampoco se emitió orden de captura. De hecho, las notificaciones judiciales se continuaron dirigiendo a donde supuestamente vive, que es la casa materna, en calle Zoilo Concha, e incluso el mismo se puso en contacto con la justicia, que procedió a designarle un defensor público de oficio.

La causa está radicada en el Juzgado de Instrucción Penal N° 1, a cargo del juez Alfredo Cuello, quien fiel a su estilo de “bajo perfil” se abocó a trabajar evitando todo tipo de exposición pública, intentando preservar a la víctima, por tratarse de una menor. Pero también la integridad física del sospechoso, ante el peligro que pueda sufrir algún episodio de “justicia por mano propia”.

Mientras crece la presión social, a través de marchas públicas, escraches en la casa materna y cuestionamientos en redes sociales, la justicia ha ido avanzando silenciosamente en la investigación del hecho. Entre otras medidas de prueba, se receptaron varias testimoniales de familiares directos de la menor, la hermana y su madre.

Además, se efectuó una visita a las instalaciones deportivas de Sociedad Italiana, donde se hizo un reconocimiento del lugar, para corroborar la veracidad de los dichos de la madre y también de la menor, sobre la descripción que hizo del ambiente apartado donde supuestamente el agresor llevó adelante el abuso.

También se obtuvo la declaración de otra persona que concurre al lugar y habría supuestamente deslizado alguna conducta sospechosa del acusado.

Por otra parte, se supo de la presentación que hicieron al menos cuatro personas que aseguran haber sufrido situaciones de acoso y/o abuso por parte del entrenador. De todos modos, como se trata de hechos que no se vinculan directamente con el hecho investigado, no están incorporados en el expediente y deberán investigarse por carriles separados.

Asimismo, la víctima fue entrevistada por los especialistas de Cámara Gesell del Poder Judicial, habiéndose podido confirmar que –efectivamente- habrían existido “actos de tocamientos u otras situación íntimas”, que configurarían la existencia -prima facie- de la figura delictiva de abuso.

Durante semanas se ha estado repitiendo erróneamente que el acusado se encuentra prófugo y que la justicia no logra encontrarlo. Por el contrario, el mismo ha designado un perito de parte (una psicóloga), que participó de la entrevista en Cámara Gesell, y además permanece en contacto con su defensor oficial, aseveró una fuente confiable.

PEDIDO DE INDAGATORIA

La última novedad tomó estado público el viernes. El fiscal Gabriel Lucas Macías emitió dictamen y solicitó al juez Cuello que cite a indagatoria al entrenador de básquet.

El citado funcionario asumió días antes de presentarse la denuncia. Juró en el cargo el 1° de marzo de este año como Agente Fiscal N° 1 de la II Circunscripción Judicial, inter dure la designación de carácter provisoria del fiscal de Cámara N° 1 de San Luis, Maximiliano Bazla Cassina.

Fuentes tribunalicias aseguraron a Apuntes de San Luis que el magistrado analizará este lunes los fundamentos de la requisitoria fiscal y «es altamente probable” que en el curso de la semana acceda al llamado para que V.H.F. concurra a prestar declaración.

En caso de concretarse la indagatoria, el juez Penal deberá analizar las pruebas colectadas y resolver la carátula definitiva de la causa. Asimismo, casi con seguridad la defensa podría solicitar otras medidas de prueba.

Un hombre de derecho que ha seguido el caso, especialista en Derecho Penal, arriesgó que la tipificación del delito podría ser “abuso gravemente ultrajante”. El juez Cuello podría disponer otras medidas para sumar más elementos de prueba o, si considera haber reunido «bastante o suficiente evidencia», resolver directamente el procesamiento y detención del acusado.

El hecho que se investiga está legislado en el Código Penal Argentino (Ley 11.179), Título III, “Delitos contra la Integridad Sexual”. En cuanto a la pena, varía según la circunstancia o gravedad, pero en líneas generales va de un mínimo de seis (6) meses hasta un máximo de veinte (20) años de reclusión o prisión, si se estableciera que el hecho produjo “un grave daño en la salud física o mental de la víctima”.

(Apuntes de San Luis)